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time to ride
▪ Catorce entidades clave del ámbito de la bicicleta compartida firman por primera vez un Manifiesto para solicitar que la bici compartida sea incluida en el Plan que España presentará ante la Comisión Europea.
▪ El Fondo Social para el Clima representa una oportunidad histórica para garantizar el acceso equitativo a modos de transporte accesibles, entre ellos la bicicleta compartida.
▪ España cuenta con tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10.000 habitantes que Países Bajos o Dinamarca, y la mitad que Francia.
▪ El Manifiesto refleja la unidad del sector para reivindicar la bicicleta compartida como uno de los pilares clave para fomentar una movilidad más sostenible y accesible.
Coincidiendo con la recta final de la elaboración del Plan Nacional que España debe enviar a Bruselas, catorce entidades clave del sector de la bicicleta compartida –que representan prácticamente el 100% del sector– han unido fuerzas elaborando el ‘Manifiesto de los actores de la bicicleta compartida en España para el Fondo Social para el Clima’ para solicitar que el Gobierno integre este medio en el Fondo Social para el Clima. La iniciativa llega tras meses de diálogo y reuniones técnicas mantenidas con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en las que las entidades han trasladado su voluntad de contribuir a una movilidad más equitativa y sostenible.
Los firmantes reclaman medidas concretas que garanticen el acceso equitativo a la movilidad y que no se desaproveche una oportunidad histórica de inversión europea. El Manifiesto subraya que el reto no radica únicamente en ampliar infraestructuras, sino democratizar las opciones de movilidad en todos los contextos, especialmente en municipios medianos, áreas periféricas y zonas en riesgo de exclusión.
Actualmente, España cuenta con tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10.000 habitantes que países como los Países Bajos o Dinamarca, y la mitad que Francia, según datos de según datos de la web especializada en movilidad fluctuo.com, lo que evidencia una clara oportunidad para impulsar este modelo de transporte. Esta necesidad se hace más evidente si se considera que más de un 20% de la población española vive sin un acceso adecuado al transporte público.
La bicicleta compartida es una solución clave para abordar los retos de la movilidad en España, porque garantiza un acceso equitativo, sostenible y eficiente al transporte urbano. Partiendo del hecho de que la movilidad debería entenderse como un derecho y no como un privilegio, la bicicleta, junto con los sistemas de bicicleta pública ofrecen una alternativa asequible, reducen la dependencia del vehículo privado, contribuyen a descongestionar las ciudades y disminuyen las emisiones contaminantes. A ello se suma su capacidad para fomentar hábitos de vida más saludables y responder a las necesidades de colectivos vulnerables, especialmente en zonas urbanas densas con desigualdades en el acceso al transporte.
De incluirse en el Fondo Social para el Clima, la bicicleta compartida podría convertirse en unos de los motores de transformación de la movilidad urbana en España, garantizando un acceso más justo y sostenible al transporte. Según las proyecciones que se recogen en el Manifiesto, este impulso permitiría aumentar hasta 100.000 el número de bicicletas compartidas en 2030, reducir en 200.000 toneladas anuales las emisiones de CO₂ y disminuir al menos un 10% el uso del vehículo privado en zonas urbanas. Además, mejoraría el acceso al transporte en municipios y barrios con menor conectividad, con tarifas asequibles para colectivos vulnerables, y generaría más de 5.000 empleos en el sector de la movilidad sostenible, contribuyendo a una economía más inclusiva y equitativa.
El Manifiesto insiste también en la necesidad de incorporar criterios como la accesibilidad, el tiempo de desplazamientos y el coste de la movilidad en la planificación de nuevas políticas públicas. También reclama diseñar medidas eficaces, como la creación de incentivos y subsidios específicos para implementar sistemas de bicicletas compartidas en municipios con conectividad reducida. Una línea de actuación que recoge las recomendaciones de la red europea POLIS (la alianza europea de ciudades y regiones comprometidas con la movilidad urbana sostenible) para combatir la pobreza de transporte de forma estructural.
Como advierte Jesús Freire, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) y portavoz del Manifiesto: “La bicicleta compartida no es anecdótica: es una pieza clave del presente y futuro de la movilidad urbana y del cumplimiento de los objetivos climáticos. Por ese motivo, España no puede permitirse dejar fuera del Plan Social por el Clima a la bicicleta compartida, un modo de transporte que reduce emisiones, genera empleo local y garantiza un acceso más equitativo a la movilidad sostenible. Como muestra un botón: en 2024, BiciMAD superó los 9,8 millones de viajes, un 30% más que el año anterior, con 7.735 bicicletas y 630 estaciones activas”.
El Fondo Social para el Clima (FSC), dotado con más de 87.000 millones de euros para el periodo 2026-2032, tiene como objetivo ayudar a la ciudadanía europea a afrontar los costes de la transición ecológica, incluyendo el acceso a una movilidad limpia y asequible. Se prevé que España recibirá cerca del 10,5% del fondo total (más de 9.200 millones de euros). El plan deberá ser aprobado por la Comisión Europea antes de finales de 2025, para que las ayudas puedan ponerse en marcha a partir de 2026.
▪ Integración de las bicicletas compartidas como un modo más en la repartición modal.
▪ Desarrollo de infraestructuras que faciliten la intermodalidad con otros medios de transporte, como estaciones de tren, metro y autobuses interurbanos.
▪ Creación de incentivos para operadores de movilidad compartida que integren sus servicios con redes de transporte público y con sistemas tarifarios metropolitanos o consorciados entre diferentes medios de transporte.
▪ Subvenciones para estaciones de bicicletas compartidas ubicadas en intercambiadores de transporte clave.
▪ Uso del Fondo Social para el Clima para cubrir los costos de integración tecnológica y operativa con otros modos de transporte, asegurando su viabilidad a largo plazo.
▪ Financiación para la ampliación de redes de estaciones de bicicletas compartidas e infraestructura ciclable, garantizando una cobertura eficiente y equitativa.
▪ Apoyo a la electrificación de las flotas para fomentar el uso de bicicletas eléctricas y facilitar trayectos más largos y accesibles para diversos perfiles de usuarios.
▪ Inversión en infraestructura de carga para bicicletas eléctricas, asegurando su despliegue en estaciones y puntos estratégicos de la ciudad.
▪ Financiación exclusivamente a través del Fondo Social para el Clima, complementada con programas nacionales de movilidad sostenible.
▪ Creación de un bono social de movilidad que pueda ser utilizado en servicios de bicicletas compartidas, al igual que en otros modos de transporte público.
▪ Implementación de una tarifa social en los servicios de bicicletas compartidas, permitiendo descuentos o gratuidad para usuarios con bajos ingresos, estudiantes y desempleados.
▪ Priorización del acceso a usuarios en situación de vulnerabilidad económica, en zonas con menor conectividad al transporte público y en núcleos urbanos con zonas de bajas emisiones.
▪ Financiación a través del Fondo Social para el Clima, asegurando que este subsidio sea sostenible y escalable en el tiempo, como sugieren las directrices de European Cyclists Federation (ECF) y Cycling Industries Europe (CIE) en su informe de orientación para la implementación del Fondo Social para el Clima.
▪ Implementación de proyectos piloto de bicicletas compartidas en municipios de menor tamaño, conectándolos con ciudades más grandes.
▪ Diseño de esquemas de subvención específicos para la movilidad compartida en estos territorios.
▪ Financiación exclusiva a través del Fondo Social para el Clima, con posibilidad de complementación con otros fondos europeos de cohesión territorial.
▪ Aplicación de modelos de financiación mixta público-privada para garantizar la sostenibilidad del servicio, en línea con las recomendaciones del sector.
▪ Fomentar la expansión de sistemas de bicicletas compartidas en áreas de baja demanda o densidad dispersa, garantizando la movilidad para todos los sectores de la población, especialmente en zonas de difícil acceso o más vulnerables.
▪ Incentivar proyectos que integren tecnologías de carga eléctrica y soluciones innovadoras en movilidad, promoviendo el uso de flotas de bajas emisiones y contribuyendo a la reducción de la huella de carbono en el transporte urbano.
▪ Proporcionar apoyo financiero directo a través del Fondo Social para el Clima, asegurando la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo de los servicios propuestos.
Establecer un marco que permita a los operadores acceder a las subvenciones bajo criterios de eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad, en línea con las recomendaciones de la red POLIS. Este marco garantizará que los proyectos apoyados cumplan con los estándares de calidad y compromiso ambiental.
Más del 20% de la población española carece de acceso adecuado al transporte público, especialmente en zonas rurales y periurbanas.
España tiene tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10.000 habitantes que Países Bajos o Dinamarca, y dos veces menos que Francia.
Actualmente, en España operan unas 35.000 bicicletas compartidas, de las cuales aproximadamente el 89% pertenecen a sistemas públicos municipales.
En zonas rurales, las familias destinan un 14,1% de su presupuesto anual al transporte, frente al 10,6% de las familias que viven en áreas urbanas, debido a la escasa oferta de transporte público en el medio rural.
Más de un millón de españoles no puede permitirse el transporte ni tiene alternativas al coche, una situación que afecta especialmente a hogares de bajos ingresos en zonas rurales.
(*) Fuentes: World Bike Share Map, Observatorio del Transporte y la Logística en España, Fluctuo.
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